SENADO APROBÓ POR UNANIMIDAD IDEA DE LEGISLAR SOBRE EL PROYECTO QUE REGULA DERECHOS DE LOS PACIENTES Y LA MUERTE DIGNA DERECHOS Y DEBERES DE PERSONAS CON RESPECTO A
ACCIONES DE SALUD
Señor Presidente, en la Reforma de Salud respectiva, este proyecto se hallaba en primer lugar entre los proyectos que se iban a discutir, porque se consideraba el marco global - ético y moral, dentro de lo que queríamos hacer, que, básicamente, significaba partir por los derechos y deberes de las personas en lo concerniente a la preservación de su salud.
Son diez los temas contenidos en esta iniciativa, que busca dar el marco general a que acabo de referirme.
Primero, el de la dignidad de las personas.
El problema mayor que enfrenta la medicina actual es la falta de respeto que en numerosas oportunidades exhiben para con los enfermos los establecimientos que los atienden -clínicas, hospitales, etcétera- y, también, los colegas médicos, que muchas veces no entienden que no se trata de tal o cual enfermedad que aqueja a una persona, sino de tal o cual persona que padece cierta enfermedad.
Segundo tema: autonomía de las personas en su atención de salud.
Lo más importante que ha aparecido en la literatura en los últimos diez a veinte años es el derecho de cada enfermo a resolver si se le aplican o no determinados métodos científicos o a oponerse a que se le administren ciertos remedios o fármacos.
Eso es esencial, porque tiene que ver con tres cosas muy precisas. Uno, la investigación científica. Dos, el uso de medicamentos en que no existe absoluta seguridad sobre su utilidad o sus eventuales efectos secundarios. Y tres, la certeza de que el cuerpo humano -que pertenece esencialmente, antes que a la ciencia, a la persona- no será ultrajado por un exceso de vanidad o de afanes científicos por parte de quienes elaboran y presentan trabajos que los ayudan desde la perspectiva profesional.
Esa es una concepción bastante moderna, que surge después de observar durante muchos años que de pronto el paciente no es respetado como merece.
Tercer tema: autonomía de las personas frente a la investigación científica.
Uno de los proyectos que aprobamos hace mucho tiempo en materia de salud nació de la investigación científica que sobre nuestras etnias, en particular la mapuche, realizaban algunos laboratorios extranjeros que, a raíz de ello, adquirían derechos y percibían utilidades, pero sin que se generara beneficio alguno para los investigados.
Aquello tiene que ver con lo que se ha llamado “cuatro principios básicos de la bioética”: no maleficencia, seguridad de la eficiencia, justicia frente a las cuestiones de salud y justicia distributiva de los bienes de la salud.
Cuarto tema: derecho de las personas a decidir informadamente.
Durante muchísimo tiempo, los médicos y los miembros del equipo de salud resolvían por sí mismos lo que se hacía con el paciente. Hoy día, conforme a la ley en proyecto, los enfermos deberán ser consultados acerca de lo que se les puede entregar. O sea, si alguien dice “Yo no quiero recibir esto”, tendrá que ser respetado, sin perjuicio de que quede establecido a quién cabrá responsabilidad por el no uso de determinados medicamentos que los médicos o el equipo de salud consideren necesarios.
Ese ha sido uno de los puntos más duros para el logro de consenso, porque, en general, el equipo de salud tiende a actuar muy verticalmente; es decir, el médico ordena, los demás ejecutan y después se consulta al paciente.
Por eso nos parece interesante este proyecto, que, ciertamente, votaremos a favor.
Quinto tema: respeto a los menores de edad.
Este aspecto se halla colocado como parte del desarrollo de los derechos del niño. Se viene planteando desde los años 90-91. Y hemos hecho leyes sobre la materia. Sin embargo, considero que estamos en deuda en algunos puntos.
Ahora, en este caso, los derechos de los menores de edad serán ejercidos por sus padres o por sus tutores. Y se trata de algo esencial.
Sexto tema: respeto a las personas en situación de salud terminal.
Esto tiene relación con uno de los principales debates habidos en el último tiempo.
Al respecto, podemos hablar de tres opciones.
La antigua consistía solo en dar al paciente analgésicos u otros medicamentos para calmar su dolor. Y ello, sobre la base de que las enfermedades terminales, prácticamente, no tenían tratamiento. Ahora sí lo tienen.
Ahí se produce, entonces, el primer efecto ante un enfermo terminal, ¿debe insistirse con acciones extraordinarias - con medicamentos y analgésicos, con el llamado “encarnizamiento terapéutico? Dentro de la ética médica y en la iniciativa en debate, él es rechazado, porque a veces provoca al paciente, más que mejoría, una consecuencia deletérea?
La segunda alternativa es el otro extremo: no hacer nada y no preocuparse. Y simplemente terminar en la idea de que no vale la pena seguir tratando al paciente, aunque este todavía tenga alguna chance.
Son los dos extremos existentes.
Nosotros nos hemos inclinado siempre en el sentido de la llamada muerte digna: que la persona pueda resolver y decir lo que desea. Y que no se apliquen tratamientos extraordinarios sin su consentimiento o el de sus representantes legales.
Si no fuera así, el comité de ética del establecimiento que está resolviendo el caso puede consultar a la familia, y si ello no es posible, al comité de ética correspondiente a la entidad de salud, para que se le procure una muerte digna al paciente. Vale decir, que la persona muera tranquila y en paz. Incluso enviándola a su casa. Porque cuando se concluye que no hay nada más que hacer, no se puede insistir con algún tratamiento.
En la Sala creo que habemos varios a los cuales nos ha tocado resolver asuntos de esa naturaleza.
El séptimo punto está referido a las personas con discapacidad psíquica o intelectual.
En el Ministerio de Salud hoy día existe un equipo especializado que trabaja este asunto, donde participan incluso sacerdotes y miembros de otras iglesias. Porque como estamos en presencia de un paciente que puede no saber lo que está sucediendo, se debe conciliar una autonomía disminuida y la concepción del bien común o de lo mejor para ese individuo por parte de personas o consultores capacitados para ello.
El octavo punto se relaciona con la confidencialidad de los informes de salud.
Quiero señalar que este aspecto es extremadamente complicado en la actualidad.
Porque la Internet o los sistemas de comunicación o de traspaso de información se encuentran de tal manera desarrollados en las clínicas del ámbito privado, más que en los hospitales públicos, que la información de la ficha clínica de un paciente, por relaciones de cualquier naturaleza, termina siendo conocida hasta en los bancos. Y esas entidades, cuando la persona va a consultar o a solicitar un crédito, sacan a colación los informes que han obtenido. En el sector estatal eso es más difícil.
Sin embargo, hay otro mecanismo que nos preocupa mucho: las licencias médicas, que son documentos públicos. En su tramitación pasan por distintas instancias y la información que contienen podría ser conocida por secretarias o cualquier otra persona dentro de ellas. Y en casos específicos, convertirse en algo extremadamente conflictivo, puesto que hay informes de salud que podrían repercutir en la honra de una persona -en la versión vulgata de ella-, o complicarla en su trabajo.
Dos últimas observaciones, señor Presidente.
En el proyecto viene un acápite sobre el reconocimiento al derecho a la participación ciudadana en Salud.
Esto corresponde a la concepción que señalé al comienzo de mi intervención: la salud también corresponde a una obligación de la comunidad, para evitar enfermarse. Porque nadie se enferma solo. La sociedad también produce efectos por los cuales la persona recae más allá de lo conveniente. Y, entonces, la salud comunitaria, la prevención, el apoyo del entorno, especialmente para salir adelante en casos muy ligados al alcohol o a las drogas, se hacen absolutamente indispensables y por eso los hemos colocado en la iniciativa.
Y, por último, lo relativo al marco legal para la tutela ética en los servicios asistenciales.
Esto tiene que ver con las obligaciones introducidas para que en todo establecimiento de salud, sea privado o público, y de acuerdo a las normas generales de la bioética y de la ética profesional, exista un comité de ética conformado por las personas más importantes, que no necesariamente corresponden a quienes lo dirigen. Porque a dicho comité se le quiere dar cierta libertad para que pueda resolver las cosas que le competen.
Y esos comités de ética, en determinado momento, podrían dictaminar en cualesquiera de los puntos anteriormente analizados.
Por eso, los Senadores de estas bancas votaremos con mucho gusto y agrado en favor del proyecto, que partió siendo el punto central de la reforma de salud. Por distintas razones, que no es del caso mencionar, fuimos avanzando con las otras leyes -la del AUGE y la relacionada con las isapres, por ejemplo- y hoy hemos llegado al final acomodándolo a lo ya existente o mediante él corrigiendo algunos factores que pudieron escaparse en las normas anteriores.
He dicho.
Valparaíso, 1 de Abril de 2008
