“Una educación pública de calidad
255. La DC está por promover las escuelas públicas. Le interesa que ellas mejoren sustantivamente la calidad de la educación que imparten, especialmente en las comunas más pobres en las regiones, en zonas rurales y en centros metropolitanos. Parece llegado el momento de terminar la dependencia de las escuelas públicas sólo de las municipalidades y abrir la posibilidad de que ellas dependan de nuevas Corporaciones Públicas descentralizadas ya sea en el nivel local o regional. Deberían iniciarse gradualmente experiencias de este tipo a la brevedad, evaluarlas y en función de eso considerar su extensión. Estas Corporaciones deberán contar con los equipos técnicos que le permitan administrar los establecimientos y gestionarlos en lo pedagógico. Las instituciones a cargo de gestionar la educación pública deben tener las atribuciones, la flexibilidad, las herramientas técnicas y los apoyos necesarios para poder promover la máxima calidad de sus centros educativos.”
Acuerdos del V Congreso Ideológico y Programático del Partido Demócrata Cristiano, 2007
1. Para la Democracia Cristiana “la educación es la herramienta principal para avanzar hacia una buena vida humana.” Conforme a lo acordado en el V Congreso “el desafío de esta etapa es dar un salto para consolidar una base educativa sólida de calidad para todos, haciendo efectiva la promesa de la escuela democrática de hacer florecer una sociedad basada en el mérito y el esfuerzo” La educación “es un bien público” y el Estado debe asegurarlo, “conjugando la libertad de enseñanza (el derecho de los padres para elegir la educación de sus hijos, así como la libertad de los particulares para abrir establecimientos y desarrollar propuestas educativas) y el derecho de todos y todas a una educación de calidad.”
2. Apoyamos un sistema mixto de educación porque garantiza el ejercicio pleno del derecho a una educación gratuita y sin discriminaciones de ningún tipo. Lo apoyamos porque valora la participación del sector privado como “expresión de la libertad, riqueza y diversidad cultural” y como un “aporte al desarrollo educativo” cuando responde a la confianza que las familias y la sociedad depositan en él.
3. La Democracia Cristiana valora el proceso iniciado a partir del movimiento estudiantil secundario, que ha permitido la generación de una nueva institucionalidad para que el Estado actúe sobre la calidad de todo el sistema escolar. El acuerdo político que incluye los proyectos de ley General de Educación y de Aseguramiento de la Calidad de la Educación representa un avance –parcial pero necesario- que vamos a apoyar con resolución por el bien de Chile.
4. Son avances sustantivos la derogación de la LOCE y su reemplazo por un nuevo marco regulatorio, el cual establece un mejor equilibrio entre el derecho a una educación de calidad para todos y el principio de libertad de enseñanza. Mediante este cambio fortalecemos el rol del Estado para con la educación; la definición de deberes y derechos de los miembros de las comunidades educativas y el establecimiento de reglas claras para la no discriminación y la no selección de alumnos hasta 6° básico.
El nuevo marco normativo incluye la proposición de una nueva estructura curricular de seis años de enseñanza básica y seis de media; la definición de objetivos generales de aprendizaje más ambiciosos para los tres niveles (párvulos, básica y media) y el establecimiento de la autonomía escolar.
El marco establecerá mayores requisitos para ser y mantenerse como sostenedor educativo, exigiendo a éstos la rendición de cuentas de los recursos y de los resultados educativos.
La derogación de la LOCE dará paso a la creación de una nueva institucionalidad para la calidad en que una Agencia de Calidad, una Superintendencia de Educación, el Ministerio de Educación y un nuevo Consejo Nacional de Educación trabajan coordinadamente buscando la mejora continua de los resultados educativos.
5. No obstante, es indispensable afrontar la profunda y severa crisis que manifiesta la educación municipal. Para la Democracia Cristiana es esencial fortalecer la educación pública, mejorar su calidad, es una necesidad del país y su desarrollo así como una cuestión de justicia y equidad. Entendemos a la educación pública como aquella que, ofrecida por organismos del Estado, asegura a todos el derecho a una educación de calidad.
Escuelas y liceos públicos deben tener las capacidades para ofrecer una educación de calidad, gratuita, inclusiva, no selectiva, pluralista y republicana, contribuyendo con ello al fortalecimiento de las identidades nacional y local.
6. Garantizar una oferta educacional pública de calidad que asegure el acceso en igualdad de condiciones a todos, sin ningún tipo de discriminación social, económica o cultural, exige gratuidad y no selección por motivos académicos, personales, económicos, sociales o de cualquier otro tipo durante toda la enseñanza obligatoria.
7. Consideramos que los problemas propios de la educación municipal derivan en parte del hecho de que atiende a la mayoría de la población escolar más vulnerable y, también de factores estructurales tales como:
• Déficit de financiamiento:
- Mayor dispersión de su población escolar respecto de los particulares;
- Pérdida de matrícula, especialmente en enseñanza básica , que se agudiza con la caída del crecimiento demográfico de la población en edad escolar ;
- Una estructura de remuneraciones que premia la experiencia y los perfeccionamientos, lo que se traduce en un promedio de edad alto de los docentes , lo cual y como efecto produce un gasto más alto e ineficiente que el que realiza el sector particular subvencionado;
- Para los establecimientos municipales pesa como una desventaja financiera adicional el denominado “financiamiento compartido”, ya que representa recursos extra a los cuales el grueso de los establecimientos municipales no puede acceder, y;
- La educación pública atiende a la mayoría de los alumnos provenientes de familias de menor capital cultural, por lo cual le resulta más caro lograr resultados de calidad que a los que si seleccionan.
• Problemas de gestión:
- Se produce una superposición de estas responsabilidades con el Ministerio de Educación ;
- De hecho, el gremio docente negocia directamente con el gobierno las remuneraciones y sus condiciones laborales;
- Los municipios tienen dificultades legales, financieras y políticas para disminuir horas de trabajo y despedir docentes;
- Los municipios tienen una participación restringida en la evaluación de sus docentes;
- La mayoría de las comunas no cuentan o tienen débiles equipos técnico-pedagógicos y existe escasa capacidad para la planificación de su trabajo;
- Se producen interferencias políticas en las decisiones y selección de personal de las administraciones y los establecimientos educativos, y ;
- Existe mínima autonomía de los establecimientos escolares cuyos directores/as no manejan presupuesto ni contratan a sus docentes.
Por todo lo anterior, en la educación municipal existe una débil responsabilidad por los resultados educativos.
8. Desde la vuelta de la democracia en 1990, los sucesivos gobiernos de la Concertación han aumentado significativamente la inversión en el sector educativo. Sin embargo, a pesar de ese esfuerzo, si se analiza nuestro gasto anual por estudiante, lo que hacemos está muy por debajo de la media de los países OECD (USD 2.990 v/s USD 7.550 por alumno) Esta situación podría explicarse en parte por ser una comparación con países más ricos que el nuestro, pero aún controlado por el ingreso per cápita de los países, Chile se encuentra muy por debajo de naciones de ingresos similares como Polonia y Hungría.
Si se analiza la composición del gasto en educación, se observa que el aporte del sector privado en Chile es proporcionalmente mucho más alto que la media de los países de la OCDE, siendo además muy concentrado en los estratos más altos. Así, el gasto por estudiante del 20% más rico de la población es casi tres veces superior al del 20% más pobre, lo que muestra una enorme brecha de equidad.
Propuestas para una nueva institucionalidad de la educación pública
9. La Democracia Cristiana propone realizar las reformas legales que sean necesarias para superar su actual desventaja de la educación pública frente al sector particular. Se hace necesaria una nueva institucionalidad de la educación pública, la cual debe cumplir los siguientes criterios:
Operar descentralizadamente, en el marco de normas de carácter y validez nacional;
Fortalecer la autonomía y responsabilidad de los sostenedores, definiendo nacionalmente estándares (aprendizaje, desempeño de los sostenedores y sus escuelas y desempeño docente) y metas, con sus correspondientes consecuencias: incentivos y sanciones para las administraciones educacionales;
Fortalecer las atribuciones de los sostenedores públicos para el manejo de las relaciones laborales de su personal, en particular de sus docentes;
Traspasar las competencias técnico pedagógicas (supervisión de establecimientos) que hoy detenta el Ministerio de Educación a los sostenedores públicos;
Garantizar la profesionalización de los equipos técnicos de estas administraciones, a través de procesos rigurosos y transparentes de selección que trasciendan la gestión política;
Institucionalizar la participación de la comunidad creando al interior de los entes que gestionen la educación pública Consejos de Administración que incluyan a actores del sistema educativo y a representantes de la comunidad;
Asegurar la información transparente y la rendición de cuentas sobre el uso de los recursos y los resultados educativos de todos los sostenedores.
10. La Democracia Cristiana propone buscar soluciones institucionales flexibles para la educación pública, que se implementen gradualmente respondiendo a la heterogeneidad de los municipios y las realidades de los diversos territorios en el país, a través de la creación de Corporaciones de Derecho Público con dedicación exclusiva a la gestión de la educación en un territorio definido –comunal o supra comunal- considerando los criterios señalados en el punto anterior.
Propuestas para mejorar las capacidades de nuestra docencia
11. Además del cambio institucionalidad, para mejorar la calidad de la educación pública se requiere el desarrollo de capacidades en el sistema escolar. Ello implica la existencia en la base de fuertes liderazgos pedagógicos y de un número significativo de docentes de excelencia distribuidos en todas las escuelas, esta es la principal forma de impactar efectivamente en la “sala de clases”.
Es mucho lo que Chile tiene que avanzar en este ámbito: mejorar el reclutamiento de profesores; mejorar su formación inicial; apoyar a los docentes en su carrera profesional y crear incentivos para el trabajo profesional de calidad.
Llegó la hora de reformar el Estatuto Docente y generar una nueva carrera docente que eleve los requisitos y la remuneración al inicio, y que ligue los aumentos posteriores a certificaciones periódicas y resultados, haciendo más atractiva esta carrera profesional , de modo de atraer a la docencia a los estudiantes más talentosos.
También es necesario mejorar las políticas de desarrollo del liderazgo educativo capacitando al personal que cumple funciones directivas, acompañando a estos profesionales, creando los incentivos para reclutar buenos directores y entregándoles la responsabilidad de generar sus equipos docentes y administrar su presupuesto.
Propuestas para mejorar el financiamiento
12. Se requieren de más recursos para transformar la educación pública. Hay que corregir las desventajas en que ésta actúa, ligando el mayor financiamiento a las características de los alumnos que atiende y a las exigencias de no exclusión y gratuidad que se le imponen.
Reconociendo el problema global de financiamiento del sistema escolar, hacemos un fuerte llamado a invertir más recursos en educación. Es necesario repensar el actual modelo de pago de la subvención corregido por asistencia, este ya cumplió su objetivo y pareciera que hoy es un incentivo a la corrupción. Es necesario avanzar al pago por matrícula o hacia un sistema mixto de pago (matrícula-asistencia).
En el mediano plazo, proponemos avanzar en la ampliación de la subvención preferencial para la educación media y en el desarrollo de un método para establecer el valor de la subvención en función de la calidad.
Escuelas más grandes y mejores y atención especial a los alumnos en riesgo social
13. Los problemas de costos y de pérdida de matrícula no se resolverán sin que el gobierno acuerde una política especial para concentrar matrícula y estrategias para atender las necesidades de la población escolar más vulnerable y en riesgo social. Para ello proponemos generar un plan para la fusión de escuelas y concentración de alumnos en escuelas más grandes y mejores y crear subsidios para la movilización y /o alojamiento de los alumnos.
En el caso de los alumnos en riesgo, se deberá diseñar estrategias curriculares más flexibles y pertinentes, especialmente para jóvenes que son afectados por problemas de violencia, drogas y situaciones de conflicto con la justicia, los que muchas veces no encuentran respuesta adecuada en los establecimientos de educación formal.
Medidas inmediatas para fortalecer la educación pública
14. Para lograr el fortalecimiento y mejora de la calidad de la educación pública se requieren con urgencia medidas de efecto más inmediato:
Realizar un programa de inversiones en infraestructura y desarrollo de nuevos y actualizados proyectos educativos de los liceos públicos de larga tradición y que atienden a jóvenes de sectores más vulnerables;
Elaborar estándares de desempeño para los sostenedores y sus establecimientos;
Mejorar la implementación del fondo de apoyo a la gestión educativa municipal (USD 100 millones anuales) actualmente vigente;
Abordar con nuevas políticas los problemas de convivencia y violencia al interior de los establecimientos públicos;
Ampliar en cobertura y mejorar la oferta educativa de los establecimientos públicos en jornada escolar completa;
Fomentar el trabajo de asociaciones voluntarias de municipios para la gestión educacional; y,
Elaborar un proyecto de ley para corregir importantes trabas y rigideces de los concursos de directores de establecimientos del sector municipal
Estas propuestas buscan imprimir sentido de urgencia a las iniciativas legales que impulsa la reforma en curso y una contribución efectiva al progreso educativo del país.
Mario Venegas
Diputado
Mariano Ruiz Esquide
Senador
Sergio Micco
Vicepresidente PDC
Gabriel Silber
Diputado
Osvaldo Verdugo
Colegio de Profesores de Chile
Francisco Jiménez
JDC
Pedro Montt
Mineduc
María José Lemaitre
Mineduc
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