El senador Mariano Ruiz Esquide, definió como un importante avance para los habitantes de la VIII Región, la aprobación unánime del Senado del informe de la Comisión Mixta de Obras Públicas, que resolvió las discrepancias sobre las escalas de multas que se aplicarán a los operadores de embalses que incumplan las normas de la autoridad en materia de prevención ante crecidas.
En esa línea, el legislador aclaró que el cuerpo legal quedó en condiciones de ser promulgado como Ley de la República, situación que “favorecerá a importantes ciudades del país que en años anteriores fueron duramente afectadas por las crecidas de los ríos en medio de intensos temporales”.
De esta manera, explica el legislador se dio el vamos a una ley que otorga facultades al Estado para disponer el vaciamiento de embalses más allá de lo que establecen los manuales técnicos cuando se ponga en riesgo a la población.
También, el parlamentario destacó el acuerdo de la comisión mixta, en orden a mantener una multa que va entre las 50 a 500 UTA, es decir, entre unos $20 a $220 millones para los operadores de embalses que no cumplan con la obligación de instalar y mantener el sistema de monitoreo de caudales.
“Además se fijó una multa que irá entre las 200 a 6.000 UTA, es decir entre los $90 y los $2.700 millones para los operadores que incumplan las medidas de la Dirección General de Aguas (DGA) una vez declarado el estado de alerta ante crecidas”.
De igual manera, el parlamentario indicó que la iniciativa impone a los operadores de este tipo de embalses, la obligación de instalar y mantener sistemas de monitoreo de sus caudales (debiendo informar diariamente a la Dirección General de Aguas de los resultados de las mediciones registradas), y entrega a la ONEMI la facultad de declarar, el “estado de alerta de crecidas” para una determinada zona geográfica del país.
Finalmente, el senador Ruiz Esquide comentó que el proyecto define como embalse de control a todo aquel que contribuya a la regulación de las crecidas, declarado como tal por la DGA, y también establece como obligación de los operadores la presentación de un "plan de contingencias de crecidas".
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