SENADOR MARIANO RUIZ ESQUIDE
Parlamentarios de la oposición presentaron un
proyecto de acuerdo que solicita al presidente de la República que dispongan
los recursos suficientes en el Presupuesto de la Nación 2013, para el pago
de la deuda del Estado con los docentes, originada el año 1981 con el traspaso
de la administración educacional a los municipios.
Con el propósito de fortalecer la educación
pública, el senador Mariano Ruiz Esquide junto con los
parlamentarios de la oposición presentaron un proyecto de acuerdo que solicita
al presidente de la
República que dispongan los recursos suficientes en el
Presupuesto de la Nación
2013 para el pago definitivo de la deuda del Estado con los docentes, originada
en el incumplimiento de los municipios respecto de la asignación especial del
artículo 40 del decreto ley Nº 3.551, de 1981.
De igual manera, el legislador comentó que la iniciativa fue firmada por los senadores Soledad Alvear, Ximena Rincón, Carlos Cantero, Eduardo FreiRuiz Tagle, José Antonio Gómez, Jorge Pizarro, Mariano Ruiz-Esquide y Patricio Walker.
Además, el representante DC indicó que "como consecuencia del traspaso de los docentes a las municipalidades durante la década de los ochenta, se originó una deuda para el Estado de Chile, por el no pago, por parte de los municipios de la asignación establecida en el artículo 40 del Decreto Ley N° 3.551, de 1981".
Asimismo, el senador agregó que la norma mencionada disponía "una asignación especial no imponible de 90% para el personal docente titulado y de 50% para aquel no titulado, ambos dependientes del Ministerio de Educación, estableciéndose un plazo de 4 cuotas anuales, entre los años 1981 y 1984 para pagar esa asignación. Posteriormente, las leyes Nº 18.134, de 1982 y 18.461, de 1985 tuvieron por objeto facilitar el cumplimiento de dicha obligación, ampliando esencialmente los plazos de tal manera que esa asignación quedara totalmente pagada en 1988".
En esa línea, Ruiz Esquide precisó que "el problema surge al momento del traspaso de los docentes a las municipalidades, ya que estas últimas no contaban con los fondos necesarios para ello, y el Estado tampoco se los proporcionó".
"En muchos casos fueron judicializados obteniendo resultados dispares, en los que algunos tribunales fallaron a favor de los profesores, pero otros declararon prescrita la acción y con ello obtuvo el Fisco".
Además, el legislador puntualizó que "el pago de la bonificación reclamada constituye un deber de justicia, porque el Estado no puede negar esta deuda que compromete a toda la sociedad chilena con los maestros, especialmente hoy en que la educación es uno de los temas de primordial preocupación".
"Los profesores son en gran medida el motor y el corazón de una educación de calidad y reconocerles tal dignidad es imprescindible para avanzar; es el mismo espíritu que llevó a crear la beca para los estudiantes de pedagogía el que debiese ser recogido hoy para reconocer a estos profesores en su gran mayoría jubilados y con pensiones muy precarias".
Finalmente, el parlamentario aclaró que estos docentes -que según datos del Colegio de Profesores son cerca de 90 mil a lo largo de todo el país- "entregaron toda su vida activa para educar a los jóvenes de Chile, con abnegación y generosidad y tal entrega merece al menos una vejez tranquila y un retiro digno".
De igual manera, el legislador comentó que la iniciativa fue firmada por los senadores Soledad Alvear, Ximena Rincón, Carlos Cantero, Eduardo FreiRuiz Tagle, José Antonio Gómez, Jorge Pizarro, Mariano Ruiz-Esquide y Patricio Walker.
Además, el representante DC indicó que "como consecuencia del traspaso de los docentes a las municipalidades durante la década de los ochenta, se originó una deuda para el Estado de Chile, por el no pago, por parte de los municipios de la asignación establecida en el artículo 40 del Decreto Ley N° 3.551, de 1981".
Asimismo, el senador agregó que la norma mencionada disponía "una asignación especial no imponible de 90% para el personal docente titulado y de 50% para aquel no titulado, ambos dependientes del Ministerio de Educación, estableciéndose un plazo de 4 cuotas anuales, entre los años 1981 y 1984 para pagar esa asignación. Posteriormente, las leyes Nº 18.134, de 1982 y 18.461, de 1985 tuvieron por objeto facilitar el cumplimiento de dicha obligación, ampliando esencialmente los plazos de tal manera que esa asignación quedara totalmente pagada en 1988".
En esa línea, Ruiz Esquide precisó que "el problema surge al momento del traspaso de los docentes a las municipalidades, ya que estas últimas no contaban con los fondos necesarios para ello, y el Estado tampoco se los proporcionó".
"En muchos casos fueron judicializados obteniendo resultados dispares, en los que algunos tribunales fallaron a favor de los profesores, pero otros declararon prescrita la acción y con ello obtuvo el Fisco".
Además, el legislador puntualizó que "el pago de la bonificación reclamada constituye un deber de justicia, porque el Estado no puede negar esta deuda que compromete a toda la sociedad chilena con los maestros, especialmente hoy en que la educación es uno de los temas de primordial preocupación".
"Los profesores son en gran medida el motor y el corazón de una educación de calidad y reconocerles tal dignidad es imprescindible para avanzar; es el mismo espíritu que llevó a crear la beca para los estudiantes de pedagogía el que debiese ser recogido hoy para reconocer a estos profesores en su gran mayoría jubilados y con pensiones muy precarias".
Finalmente, el parlamentario aclaró que estos docentes -que según datos del Colegio de Profesores son cerca de 90 mil a lo largo de todo el país- "entregaron toda su vida activa para educar a los jóvenes de Chile, con abnegación y generosidad y tal entrega merece al menos una vejez tranquila y un retiro digno".
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