El tema educacional se ha transformado en una discusión de fondo pero también extraordinariamente bizantina.
Hay dos premisas previas que debemos dejar establecidas para empezar a resolver el actual intríngulis. Lo primero es entender que es una materia de tal magnitud que es responsabilidad política y ética de todas las partes el asumir que debe ser resuelto. Lo segundo, es que por la misma razón anterior uno de los principales acuerdos debería ser el tratarla fuera y con prioridad de los demás temas que están en litigio.
En esta perspectiva se debería poner a lo menos una suerte de decálogo para conducir el debate y que podríamos resumir de la siguiente manera:
a. Cada una de las partes, que en este caso es el Gobierno, los estudiantes y el Congreso Nacional deberían colocar claro y precisamente los 10 o 15 temas que son los que deben resolverse.
b. Cada una de las partes involucradas debería actualizar sus puntos de vistas respectos a los otros planteamientos de manera que se sepa exactamente a qué está disponible cada instancia.
c. Se debe hacer generosa y patrióticamente una suerte de “Jura de Santa Gadea” para que el país sepa que están disponibles a cumplir sus compromisos una vez acordados.
d. Cada parte, una vez que hayan resuelto su opinión frente a las propuestas distintas, deberían dar respuesta a cada uno de esos puntos en forma precisa y clara.
e. Es posible que pudiera conformarse un triunvirato que represente las tres partes para que ordene cuáles son los puntos de acuerdo y los puntos de desacuerdo.
f. En ese ordenamiento y en esa distinción, esas mismas tres personas deberían ordenar, clasificar, aclarar, definir los temas sobre los cuales debe seguir, sobre los que hay acuerdo, en los temas en los que no hay acuerdo y en los que puede haber un acuerdo parcial que pueden ser evaluados.
g. Los temas del primer grupo debe avanzarse de inmediato en construir los acuerdo administrativos o eventualmente las nomas legales que deben dictarse.
h. Sobre los temas en los cuales hay posibilidad de acuerdo pero con claros desacuerdos, deberá llamarse a una nueva reunión y mesa de diálogo, bajo el compromiso de no levantarse hasta tener un acuerdo o un consenso entre el Gobierno y las Instituciones estudiantiles.
i. Sobre los temas en los que no hay acuerdo, deberían enviarse por parte del Ejecutivo los Proyectos de Ley que a él le parecen que representan su pensamiento, junto con ello las indicaciones que los estudiantes planteen.
j. Sobre ese texto se deberá pronunciar el parlamento.
k. Las tres partes en controversia deben fijar un plazo, que podría ser 3 o 4 meses, para que esté agotado el tema y puedan este año dictarse las normas que se requieren y las ordenanzas y reglamentos pertinentes.
Así mismo, creo que hay un decálogo sobre lo que debe solucionarse bajo un compromiso de las tres partes.
a. Debe nombrarse interlocutores válidos por todas las partes.
b. Serán ellos lo que sean los voceros y partícipes de los debates, evitando así voceros distintos que sólo enturbian el debate.
c. Nadie más de aquí en adelante debería utilizar el lenguaje y que hasta ahora se ha tratado de llevar adelante, descalificador y sobre todo confuso.
d. Lo anterior no debe considerarse como una suerte de acallamiento de la opinión de los demás chilenos, pero sí como una racionalidad indispensable para resolver los temas.
e. Con la misma claridad y tan sólo como una modesta opinión, es absurdo que algún Dirigente Estudiantil plantee que esto debe seguir hasta el 2012 e igualmente, es absurdo que algunos personeros del Gobierno estén desahuciando anticipadamente algunas opiniones sobre la gratuidad educacional.
MARIANO RUIZ ESQUIDE
SENADOR Octubre de 2011.-
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