viernes, enero 21, 2011

Senadores presentaron proyecto de acuerdo defendiendo propiedad estatal

El Sur de Concepción 19 Enero 2011 p. 3 Crónica
Diputados Juan Lobos de la UDI y Frank Sauerbaum de RN, expresaron la necesidad de que la compañía estatal incorpore capital privado para que pueda recuperar liquidez y pueda seguir cumplir un rol estratégico.
El conflicto del gas en Magallanes, dejó al descubierto un debate más de fondo que probablemente en este gobierno va a tomar fuerza. Se trata de la privatización o la incorporación de capitales privados a Enap.

Mientras en el sur del país, el biministro de Minería y Energía, Laurence Golborne, lograba un acuerdo a la situación del gas, en el Senado, parlamentarios de oposición presentaban un proyecto de acuerdo en el que solicitan el envío de un proyecto de ley sobre gobierno corporativo de ENAP, conservando su carácter estatal.

De la zona, firmó esta solicitud el senador DC, Mariano Ruiz-Esquide, quien explicó que "estamos seguros que Enap se quiere privatizar o entregar parte de su propiedad".

Para el parlamentario, "este gobierno quiere privatizarlo todo, ya anunció lo de las sanitarias, el proyecto de reforma educacional es muy privatizador y también prepara algo en Salud, en la misma línea".

El senador Alejandro Navarro si bien no aparece patrocinando este proyecto de acuerdo presentado, si lo respaldó.

"Lo de Magallanes es muy llamativo y detrás de lo que ha ocurrido está la intención de privatizar Enap".

Agregó que se ha dicho que se quiere capitalizar la empresa para que se pueda seguir desarrollando, "pero eso sería un error estratégico y geopolítico".

Navarro añadió que "es necesario que el gobierno establezca cuál es la estrategia energética para el país, la que tiene que tener una visión de largo plazo".

El senador insistió en que lo ocurrido en Magallanes "es muy llamativo, porque los mismos ejecutivos de Enap que prospectaron gas y dijeron no haber encontrado, cuando se fueron a la empresa Betamex y ahí sí pudieron encontraron gas".

En este proceso, recordó el parlamentario, el Estado gastó 180 millones de dólares.

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