SENADOR RUIZ ESQUIDE LAMENTÓ USO POLÍTICO DE SISTEMA DE ALTA DIRECCIÓN PÚBLICA

En sesión especial

Criticando la falta de coherencia del oficialismo, el senador Mariano Ruiz Esquide señaló que los funcionarios elegidos por el sistema de Alta Dirección Pública se encuentran regidos por un estatuto, en virtud del cual se le puede solicitar la renuncia por causales específicas, pero no por afinidad política.
Además, el parlamentario aclaró que las renuncias que se han registrado en estos días no se han hecho conforme a la ley, por lo que pidió dejar sin efecto estos despidos y enviar un proyecto para modificar la ley vigente.
De igual manera, el legislador comentó que es el minuto de dar señales potentes en la materia, por lo que emplazó a todos los sectores políticos a aprobar una moción –que se ingresó la semana pasada- para regular los posibles conflictos de interés de los Consejeros de Alta Dirección Pública así como establecer los resguardos vinculados a la remoción de directivos públicos.
En esa línea, Ruiz Esquide emplazó al Gobierno a que ponga discusión inmediata a este proyecto “como una señal de dignidad y compromiso con el sector público… un sector que recién está conociendo”
“No podemos permitir que los intereses políticos primen por sobre los criterios profesionales, porque eso parece el cuoteo que tanto se criticó, y el 2003 dimos un paso gigante que debe transformarse en un salto en el Bicentenario”, afirmó.
Asimismo, el senador explicó que el cuerpo legal abrocha el gran acuerdo político de modernización del Estado del año 2003, suscrito durante el gobierno del Presidente Lagos.

Además, el representante DC indicó que la moción establece la incompatibilidad de funciones entre el cargo de Consejero de la Alta Dirección Pública y el desempeño de altas funciones en la administración, impidiendo así, que vuelvan a repetirse situaciones como la ocurrida con la asesora Presidencial, Maria Luisa Brahm, que compromete la independencia y autonomía del Sistema de Alta Dirección Pública.

Finalmente, la moción impone la obligación de fundamentar la petición de renuncia a los funcionarios que hayan sido seleccionados por el sistema de Alta Dirección Pública.

Valparaíso, mayo 13 del 2010.