Ante las denuncias de alumnos universitarios por la nula proyección laboral de algunas carreras, el presidente de la Comisión de Educación del Senado, pidió al ministerio entregar toda la información sobre las medidas adoptadas y posibles acciones judiciales.
De igual manera, tras recibir al jefe de la división jurídica del ministerio de Educación, Julio Castro -quien aclaró la situación de algunos alumnos de carreras que ofrecen el título de técnico o peritos criminalista- el parlamentario señaló que es necesario que “a la brevedad se haga un seguimiento de los oficios enviados por la secretaria del Senado a Carabineros, la Policía de Investigaciones, el Fiscal Nacional, el Defensor Nacional y la Corte Suprema, en donde se solicita un pronunciamiento sobre el campo laboral de estas carreras.
“También la comisión se comprometió a estudiar la factibilidad de modificar la ley 20.129 que establece un sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación superior, a fin de consagrar la obligación de la acreditación de las carreras” agregó el legislador.
Asimismo, Ruiz-Esquide comentó que es preciso invitar nuevamente al jefe de la división jurídica del ministerio de Educación a la sesión del próximo 29 de agosto para informar sobre los antecedentes acompañados por las universidades, institutos y centros de formación técnica que imparten la carrera de perito criminalista.
Además, el senador aclaró que Julio Castro, fue enfático en señalar que, el ministerio no tiene la facultad de regular la oferta laboral de las carreras antes mencionadas, no obstante, respecto la publicidad engañosa que hacen algunas casas de estudio, explicó que -de acreditarse el delito- implica una abierta infracción a la ley 19.496 sobre protección de los derechos de los consumidores.
Al respecto, el presidente de la Comisión de Educación destacó las gestiones del ministerio, en orden a trabajar coordinadamente con el Servicio Nacional del Consumidor, de tal forma de aplicar las sanciones en los casos que corresponda.
Finalmente, en cuanto a la calidad de la docencia, el senador indicó que el ejecutivo tiene facultades para consultar y requerir antecedentes sobre el personal académico, con el objeto de pedir sanciones según los establece ley Orgánica Constitucional de Enseñanza.
De igual manera, tras recibir al jefe de la división jurídica del ministerio de Educación, Julio Castro -quien aclaró la situación de algunos alumnos de carreras que ofrecen el título de técnico o peritos criminalista- el parlamentario señaló que es necesario que “a la brevedad se haga un seguimiento de los oficios enviados por la secretaria del Senado a Carabineros, la Policía de Investigaciones, el Fiscal Nacional, el Defensor Nacional y la Corte Suprema, en donde se solicita un pronunciamiento sobre el campo laboral de estas carreras.
“También la comisión se comprometió a estudiar la factibilidad de modificar la ley 20.129 que establece un sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación superior, a fin de consagrar la obligación de la acreditación de las carreras” agregó el legislador.
Asimismo, Ruiz-Esquide comentó que es preciso invitar nuevamente al jefe de la división jurídica del ministerio de Educación a la sesión del próximo 29 de agosto para informar sobre los antecedentes acompañados por las universidades, institutos y centros de formación técnica que imparten la carrera de perito criminalista.
Además, el senador aclaró que Julio Castro, fue enfático en señalar que, el ministerio no tiene la facultad de regular la oferta laboral de las carreras antes mencionadas, no obstante, respecto la publicidad engañosa que hacen algunas casas de estudio, explicó que -de acreditarse el delito- implica una abierta infracción a la ley 19.496 sobre protección de los derechos de los consumidores.
Al respecto, el presidente de la Comisión de Educación destacó las gestiones del ministerio, en orden a trabajar coordinadamente con el Servicio Nacional del Consumidor, de tal forma de aplicar las sanciones en los casos que corresponda.
Finalmente, en cuanto a la calidad de la docencia, el senador indicó que el ejecutivo tiene facultades para consultar y requerir antecedentes sobre el personal académico, con el objeto de pedir sanciones según los establece ley Orgánica Constitucional de Enseñanza.
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