martes, diciembre 21, 2010

Insisten con proyecto para regular despidos en sector público


Ante el complejo momento que viven los funcionarios públicos, el senador Mariano Ruiz Esquide solicitó al Ejecutivo respaldar una moción que tiene como objetivo terminar con los despidos injustificados y establecer un marco regulatorio.
"Se está tratando de hacer una propuesta concreta para no sólo reclamar derechos, también hacer volver a su trabajo a quienes fueron desvinculados de una manera inadecuada".
De igual manera, Ruiz Esquide sostuvo "no sólo somos oposición a los errores del Gobierno, también somos propositivos y espero que La Moneda y el ministro de Hacienda, Felipe Larraín (quien nos escuchó) lo valoren"
El parlamentario explicó que su moción, presentada en la Cámara Alta, busca que el gobierno llame a concurso las vacantes existentes en el sector público centralizado antes del 31 de diciembre del año 2011.
Además, el senador comentó que las personas con contratos vigentes a honorarios en cada institución, "que no hayan sido calificados en lista 3 o 4, se les prorrogará su contrato hasta el 31 de marzo del 2011".
También, el representante DC sostuvo que la moción busca "modificar el Estatuto Administrativo para que la duración de los contratos expiren el 31 de marzo de cada año y no el 31 de diciembre".
Asimismo, la moción implica que los trabajadores a honorarios que prestan servicios en labores consideradas habituales, bajo horario y supervisión por 6 meses continuos o discontinuos, pasarán a la calidad de contrata.
De igual forma, Ruiz Esquide propuso que "los trabajadores que a la fecha de publicación de este proyecto de ley, estén desvinculados a partir del 11 de marzo de 2010 y hayan sido calificados en lista 1, serán reintegrados a sus cargos y sus remuneraciones les serán reembolsadas en un plazo de 90 días"
En ese plano, el legislador dijo que en el cuerpo legal se hace extensivo a los trabajadores del sector público el derecho a un mes de remuneración como indemnización por cada año o fracción superior a seis meses trabajados, cuando deban abandonar sus cargos por una causal que no les sea imputable.
"Espero que el Ejecutivo escuche el creciente clamor nacional para que se respete la carrera funcionaria, las normas que crearon el estatuto especial y el derecho al trabajo de todos los habitantes del país que cumplen con responsabilidad sus tareas", concluyó.

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